Desplazados
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Una población invisible

Se calcula que en México existen alrededor de 400,000 familias desplazadas a causa de la violencia.

Colaboración de Paulina Lucio Maymón.
@pluciomay

“Ellos patrullaban como si fueran gobierno, nos amenazaban y decían que si no nos íbamos teníamos que ser reclutados a su servicio. El 10 de enero de 2012 asesinaron a un vecino de Ocurague y al día siguiente por la noche a una familia entera. Enloquecidos por el miedo tomamos la decisión de salir, dejarlo todo.”
Habitante de Ocurague, Sinaloa.

Cuando nos hablan de personas que abandonan sus tierras, casas, trabajos, escuelas y familias huyendo de la violencia en búsqueda de un lugar seguro para refugiarse, probablemente lo primero que nos viene a la mente son países con conflictos violentos como Colombia, Siria, Irak, o Sudán del Sur. Sin embargo, por desgracia, esta vez me refiero a las miles de personas que abandonan sus hogares a causa de la violencia e inseguridad en México. En estas líneas hablaré sobre el desplazamiento interno forzado en México, un fenómeno hasta ahora invisible, desconocido e ignorado en nuestro país.

Es importante destacar que los desplazados internos forzados están entre las personas más vulnerables y necesitadas de protección y asistencia en el mundo. A diferencia de los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país donde quedan atrapados en conflictos internos y situaciones de violencia, sin tener un lugar seguro donde vivir. El desplazamiento forzado provoca la pérdida de empleo y oportunidades de educación, además de que restringe el ejercicio de los derechos humanos básicos como la alimentación, la vivienda y la salud.

El desplazamiento interno forzado no es un fenómeno nuevo en México. Desde la década de los setenta, existe en el país un complejo fenómeno de desplazamiento forzado ocasionado por intolerancia religiosa, conflictos comunales, así como disputas por tierras y recursos naturales. En los años noventa, a estas causales se le sumaron la creciente inseguridad y conflictos en los que participaron el ejército mexicano y las policías locales, provocando que miles de personas abandonaran sus hogares, particularmente en 1994 con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas.

El fenómeno del desplazamiento interno forzado ha crecido exponencialmente en los últimos años como consecuencia del aumento de la inseguridad y violencia. Tres factores recientes contribuyeron a intensificar la violencia en el país. En primer lugar, la estrategia de seguridad puesta en marcha por el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, la cual se basó en una política de enfrentamiento en la que participaron el ejército mexicano, la marina, la policía federal y las policías locales. En segundo lugar, el recrudecimiento de la lucha por rutas de distribución entre los cárteles de drogas. Finalmente, la fragmentación y proliferación de los grupos criminales como resultado de los enfrentamientos y disputas. Mientras que los cárteles más grandes controlan el crimen organizado trasnacional, los nuevos actores concentran su actividad criminal en delitos como la extorsión, el cobro de cuotas, secuestros, distribución de drogas en el mercado local, entre otros.

En la otra cara de la moneda, se encuentra la población civil que está expuesta a todos estos delitos cometidos por las organizaciones criminales como robo, desapariciones, reclutamiento forzado, extorsión, secuestros y homicidios. Por si esto no fuera suficiente, las autoridades mexicanas federales, estatales y municipales cometen sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, ejecuciones extrajudiciales, arresto arbitrario y desaparición forzada de personas. El relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, recientemente presentó un informe en el que asevera que la tortura es generalizada en el país.

En pocas palabras, en México se está viviendo una crisis humanitaria de violencia, crimen, corrupción y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la cual ha tenido como consecuencia (lógica) el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) explica que no existe una cifra oficial sobre el número de desplazados internos forzados en México. No obstante, se calcula que existen alrededor de 400,000 familias desplazadas a causa de la violencia. Suponiendo que estas familias estuvieran conformadas por un promedio de 3 personas (el cual sería un número pequeño si pensamos en la familia tradicional mexicana) estaríamos hablando de 1.2 millones de desplazados internos forzados. La Dra. Laura Rubio Díaz Leal, autora del libro Desplazamiento inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana, sugiere que la cifra es aún mayor y podría ascender hasta 1.6 millones de desplazados (Milenio, 2015).

Independientemente de las cifras, lo que resulta evidente es que en México existe una problemática de desplazamiento interno forzado de amplias dimensiones. Lo que me lleva a plantear los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Cómo es posible que no exista un reconocimiento explícito por parte del gobierno mexicano de la situación de inseguridad en la que viven los desplazados internos forzados?

2. ¿Cómo es posible que no exista un conteo oficial, al menos aproximado, del número de desplazados internos forzados en México?

3. ¿Cómo es posible que no exista una política integral para atender las necesidades específicas de estos grupos?

4. ¿Cómo es posible que el gobierno federal ignore esta crisis humanitaria que afecta a miles, posiblemente millones, de personas en el país?

Resulta apremiante que el Estado mexicano genere el andamiaje legal e institucional, así como una política integral específica para atender la problemática de desplazamiento interno forzado. Es urgente que se realicen diagnósticos, leyes y políticas públicas de alcance nacional dirigidas a proporcionarles a los desplazados internos forzados un lugar seguro en el cual permanecer, así como servicios básicos de educación, salud, seguridad y vivienda.

Por desgracia, la crisis humanitaria de los desplazados internos forzados es solo una de las tantas crisis de derechos humanos que se viven en el país, incluyendo violencia contra las mujeres; trata y explotación de migrantes; asesinatos y agresiones contra periodistas y activistas; desaparición forzadas de personas; tortura; entre muchos otros.

Después de plantear este espeluznante y deprimente escenario, concluiré diciendo que es momento de que los ciudadanos exijamos el respeto y protección de nuestros derechos humanos y los de nuestros compatriotas. Es imperante que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger y respetar los derechos humanos de todas aquellas personas que se encuentran dentro de su territorio nacional en virtud de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario. Es nuestro derecho y es su obligación.

Fuentes:

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). 2014. Desplazamiento Interno Forzado en México. CMDPDH, (diciembre 2014): 3-28.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 2015. “El ACNUR y la protección de los desplazados internos”. http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/desplazados-internos/ (9 de abril de 2015).

Ríos Navarrete, Humberto. “Desplazados por la violencia en México.” Milenio (8 abril 2015): http://www.milenio.com/politica/Desplazados_por_violencia_en_Mexico-ITAM-personas_desplazadas-Desplazamiento_inducido_0_496150415.html

13/04/2015

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